El Colegio Profesional de Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (CPI) fue parte activa de una jornada histórica en la Legislatura cordobesa, donde se logró un fuerte pronunciamiento institucional en defensa del sistema de colegiación profesional y contra los intentos de desregulación del ejercicio profesional promovidos a nivel nacional.
El encuentro fue impulsado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC), de la que el CPI forma parte, y contó con la participación de autoridades legislativas, entre ellas la vicegobernadora Myrian Prunotto, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, y legisladores de diversos bloques políticos como Miguel Siciliano, Dante Rossi, Matías Gvozdenovich, Silvina Jurich y Brenda Austin.
Durante el encuentro, las autoridades de FEPUC, junto a presidentes y presidentas de los Colegios y Consejos Profesionales de toda la provincia, expusieron los fundamentos técnicos, jurídicos y sociales por los cuales la colegiación obligatoria no solo es necesaria, sino también vital para garantizar un ejercicio profesional ético, regulado y en defensa de los derechos de la sociedad.
El CPI, representado por el Presidente Lucas Péndola y el Vocal Marcelo Daza Torres, dejó en claro su posición ante los legisladores: el intento de reemplazar la colegiación obligatoria por un registro nacional es una amenaza directa a la calidad, la transparencia y la seguridad del servicio que brindan los profesionales inmobiliarios a la comunidad.
La respuesta institucional no se hizo esperar. En forma unánime, los legisladores presentes manifestaron su rechazo a estos proyectos y se comprometieron a instruir a los senadores y diputados nacionales por Córdoba a no acompañar estas iniciativas en el Congreso. Asimismo, ratificaron su apoyo al rol que cumplen los Colegios Profesionales como órganos de control ético, capacitación continua y garantía del ejercicio profesional responsable.
Myrian Prunotto, vicegobernadora de la provincia, fue clara al respecto: «Defendemos estas discusiones y las acompañamos. Ustedes son parte de un entramado social que representa a Córdoba. Sepan que en la Legislatura, junto a los bloques que están presentes, nos ponemos a trabajar con el compromiso y la garantía de que Córdoba está del lado de ustedes».
Por su parte, María Eugenia Peisinio, presidenta de FEPUC, expresó: «Estamos convencidos que las profesiones deben estar reguladas. Y deben estar reglamentadas porque cumplimos un rol social, no solamente desde cada disciplina individual, sino como colectivo profesional que contribuye a todos los procesos y sectores que sustentan una sociedad».
La Colegiación como herramienta clave social
Desde el CPI celebramos esta firme manifestación de respaldo institucional. Consideramos que se trata de un reconocimiento claro al trabajo sostenido que venimos realizando en defensa del ejercicio profesional regulado, y al compromiso de los miles de matriculados que ejercen con responsabilidad y profesionalismo en todo el territorio provincial.
La colegiación obligatoria es mucho más que una formalidad administrativa. Es una herramienta clave para asegurar que quienes ejercen profesiones sensibles para la sociedad -como es el caso del corretaje inmobiliario- cuenten con formación adecuada, estén sujetos a un código de ética, y respondan a instancias de control en caso de incumplimientos o faltas graves. Sin esta estructura, los ciudadanos quedarían expuestos a prácticas informales, fraudes o negligencias sin posibilidad de resguardo ni de reclamo efectivo.
En el caso particular del CPI, el Colegio cumple funciones fundamentales en el control del ejercicio profesional, la actualización permanente de sus matriculados, la promoción de buenas prácticas y la generación de estadísticas confiables sobre el mercado inmobiliario. Además, es un espacio de encuentro y contención para todos los corredores inmobiliarios que desarrollan su actividad con vocación y responsabilidad en cada rincón de la provincia.
Este respaldo de la Legislatura nos fortalece y nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos para seguir trabajando en la jerarquización de la profesión, el fortalecimiento de la institucionalidad y la defensa de la matriculación como garante de calidad y confianza.
La amenaza de la desregulación no es menor. Apunta a desarticular estructuras que llevan años construyéndose democráticamente, con esfuerzo colectivo, en pos de un ejercicio profesional ético, transparente y socialmente responsable. Desde el CPI, no sólo rechazamos esa posibilidad, sino que nos comprometemos a seguir articulando acciones con otras entidades profesionales, con la FEPUC y con todos los actores que compartan esta visión.
La reunión celebrada en la Legislatura de Córdoba no fue un hecho aislado. Fue la expresión de un consenso amplio y plural, que incluye a representantes de diversas disciplinas, partidos políticos y sectores de la sociedad. Fue también una muestra del poder de la gestión colectiva, de la acción coordinada y del diálogo institucional como herramientas para proteger conquistas fundamentales.
Invitamos a todos nuestros matriculados a mantenerse informados y movilizados. La defensa del ejercicio profesional regulado no es solo una causa gremial o corporativa: es una defensa del interés público, de los derechos de los ciudadanos y de la calidad de los servicios que como profesionales brindamos.
Desde el CPI reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia, la ética y la institucionalidad. Este logro colectivo nos recuerda que la sociedad necesita, más que nunca, profesionales formados, regulados y comprometidos con el bien común.
