El CPI detectó 226 casos de ejercicio ilegal en la primera etapa de fiscalización y ya notificó al 100% de los activos

Sobre 5 de los 10 nodos que integran la base de datos del Colegio, el Área de Fiscalización relevó 226 legajos: más de la mitad persiste en el ejercicio ilegal de la profesión. Los 132 casos activos ya fueron notificados en su totalidad. El operativo continúa sobre los cinco nodos restantes.

Desde el CPI continuamos avanzando con los operativos integrales de actualización de la base de datos de ejercicio ilegal de la profesión. En esta primera etapa, el Área de Fiscalización relevó 5 de los 10 nodos que componen el mapa provincial —Jesús María, Alta Gracia, Río Tercero, Calamuchita y Traslasierra— y analizó 226 legajos.

Los resultados:

CategoríaLegajos% s/total
Persiste en el ejercicio ilegal13258,4%
Regularizó con matrícula CPI3415,0%
No se verifica trabajo activo6026,5%

Del total de casos con ejercicio ilegal persistente, el CPI ya notificó al 100% (132 de 132), principalmente a través de CIDI (62,9%) y por Carta Documento (37,1%).

No se trata de un relevamiento aislado, sino de un proceso sistemático de control que el Colegio desarrolla diariamente como parte de la defensa y protección del ejercicio legal de la profesión.

El operativo continúa sobre los cinco nodos restantes de la base, que concentran la mayor cantidad de casos detectados hasta el momento.

Las acciones desarrolladas durante el año evidencian un fortalecimiento de las estrategias de fiscalización que el CPI viene sosteniendo de manera continua en los últimos ejercicios, con una mayor diversificación de las herramientas de notificación y una presencia institucional activa en el territorio provincial. Este trabajo reafirma el compromiso del Colegio con la defensa del ejercicio profesional legal y la protección de la incumbencia inmobiliaria.

De cara a lo que resta del relevamiento, el Colegio proyecta profundizar estas políticas de fiscalización sobre los cinco nodos aún pendientes, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficacia institucional y el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.