Desde julio de 2026, las operaciones inmobiliarias que superen los $257.460.000 toman como referencia el nuevo parámetro de 700 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Qué implica esta actualización y cuáles son las responsabilidades de los corredores inmobiliarios matriculados en materia de prevención del lavado de activos.
La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) impacta directamente sobre distintos parámetros utilizados por la Unidad de Información Financiera (UIF) para la aplicación de controles y procedimientos vinculados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
A partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, el valor del SMVM asciende a $367.800, por lo que el umbral de referencia de 700 SMVM queda fijado en $257.460.000. Este monto constituye un parámetro relevante para determinadas operaciones inmobiliarias de alto valor económico.
Un monto de referencia, no una limitación para operar
Es importante aclarar que este valor no representa un límite para comprar o vender inmuebles, ni implica restricciones para concretar una operación.
Se trata de un parámetro regulatorio utilizado por la UIF para determinar cuándo determinadas transacciones requieren procedimientos reforzados de análisis, identificación y documentación dentro del sistema de prevención de lavado de activos.
En otras palabras, una operación inmobiliaria que supere este umbral no es irregular ni sospechosa por sí misma. Sin embargo, demanda mayores niveles de verificación y respaldo documental respecto de las partes intervinientes y del origen de los fondos involucrados.
Los corredores inmobiliarios son Sujetos Obligados ante la UIF
La legislación argentina incluye a los agentes y corredores inmobiliarios matriculados dentro de los denominados Sujetos Obligados, es decir, aquellos actores económicos que deben colaborar activamente en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La Resolución UIF Nº 43/2024 establece específicamente que los corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades dedicadas al corretaje inmobiliario deben implementar un sistema de prevención basado en riesgos y cumplir una serie de obligaciones de control y monitoreo.
¿Qué obligaciones deben cumplir las inmobiliarias?
Entre las principales responsabilidades se encuentran:
- Identificar adecuadamente a clientes y contrapartes.
- Verificar y conservar documentación respaldatoria.
- Conocer el perfil y la actividad económica de los clientes.
- Implementar procedimientos de debida diligencia.
- Detectar y analizar operaciones inusuales.
- Reportar operaciones sospechosas cuando corresponda.
- Mantener registros y documentación durante los plazos establecidos por la normativa.
- Implementar políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Asimismo, las sociedades inmobiliarias alcanzadas por la normativa deben designar responsables de cumplimiento y mantener actualizados sus procedimientos internos conforme a las exigencias de la UIF.
Profesionalismo, transparencia y seguridad jurídica
Desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba se recuerda que el cumplimiento de estas obligaciones forma parte del ejercicio responsable de la profesión y contribuye a fortalecer la transparencia del mercado inmobiliario.
La intervención de corredores inmobiliarios matriculados no sólo aporta conocimiento técnico y respaldo profesional a las operaciones, sino también el cumplimiento de estándares regulatorios que protegen a compradores, vendedores e inversores.
En un contexto de creciente profesionalización del sector, la prevención del lavado de activos constituye una herramienta fundamental para preservar la seguridad jurídica, la confianza y la integridad de las transacciones inmobiliarias.
¿Qué debe tener en cuenta una inmobiliaria cuando una operación supera los $257.460.000?
Si bien superar este monto no implica ninguna irregularidad ni limita la concreción de la operación, sí requiere que los corredores inmobiliarios matriculados extremen los recaudos previstos por la normativa de prevención de lavado de activos.
1. Conocer adecuadamente al cliente
La inmobiliaria debe contar con información actualizada que permita identificar correctamente a las partes intervinientes, verificando su identidad, actividad económica y perfil transaccional.
2. Solicitar documentación respaldatoria
En operaciones de alto valor resulta fundamental reunir y conservar la documentación que permita respaldar la procedencia de los fondos involucrados en la transacción.
Dependiendo de cada caso, podrá requerirse documentación vinculada a ingresos, actividades comerciales, ventas previas, herencias, inversiones u otras fuentes legítimas de financiamiento.
3. Analizar la coherencia de la operación
La normativa exige evaluar si la operación resulta consistente con el perfil económico y financiero declarado por el cliente.
El objetivo no es obstaculizar la compraventa sino detectar situaciones inusuales que pudieran requerir un análisis adicional.
4. Mantener registros y documentación
Las inmobiliarias deben conservar la documentación respaldatoria y los antecedentes de la operación durante los plazos establecidos por la UIF, permitiendo acreditar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia aplicados.
5. Reportar operaciones sospechosas cuando corresponda
La existencia de una operación por encima de $257.460.000 no implica automáticamente una sospecha de lavado de activos.
Sin embargo, si durante el análisis surgen inconsistencias, falta de justificación económica, estructuras complejas sin explicación razonable o cualquier otra señal de alerta prevista por la normativa, el Sujeto Obligado deberá actuar conforme a los procedimientos establecidos por la UIF.
El valor de trabajar con profesionales matriculados
La creciente profesionalización del mercado inmobiliario exige mucho más que concretar operaciones.
Los corredores inmobiliarios matriculados cumplen un rol clave en la transparencia del sector, aplicando controles, resguardando documentación y contribuyendo a la seguridad jurídica de cada transacción.
Por eso, al momento de comprar, vender o alquilar un inmueble, la intervención de profesionales habilitados no sólo aporta asesoramiento especializado, sino también el cumplimiento de estándares regulatorios que protegen a todas las partes involucradas.
