En una contundente resolución judicial, el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 42° Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó a Enrique Ramón Reyna Novillo el cese inmediato de toda actividad propia del Corretaje Público Inmobiliario, así como la prohibición de publicitar dichos servicios, por operar al margen de la ley.
La medida fue adoptada por el magistrado interviniente tras constatar que la firma actuaba en clara infracción a la Ley Provincial 9445, que regula el ejercicio profesional de los corredores públicos inmobiliarios en Córdoba. Según el fallo, Enrique Ramón Reyna Novillo no cuenta con matrícula habilitante ni cumple con las exigencias legales para desempeñarse en el rubro, razón por la cual se rechazaron todos los argumentos defensivos presentados por la empresa.
La sentencia representa un nuevo hito en la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión, y refuerza la función del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba -CPI- como órgano de control, defensa de la legalidad y calidad profesional del sector.
Fuentes vinculadas a la causa no descartan que en los próximos días se ordenen allanamientos en el domicilio comercial de la firma, ubicado en Luis de Tejeda 4208, donde aún podrían estarse realizando operaciones sin las garantías legales correspondientes.
Por esta razón, se alerta a la ciudadanía que cualquier operación llevada a cabo en ese domicilio carece de respaldo profesional y podría poner en riesgo su seguridad jurídica y patrimonial.
Actualmente, la página web oficial de la inmobiliaria informa que el establecimiento se encuentra “cerrado temporalmente”, aunque no aclara los motivos del cierre ni hace referencia a la resolución judicial.
Desde el CPI reiteran la importancia de verificar siempre que los operadores inmobiliarios cuenten con matrícula vigente, y recuerdan que el ejercicio sin habilitación constituye un delito y una amenaza para la confianza y transparencia del mercado.
